EL DESESTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

El Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo ha venido a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Dicha modificación es consecuencia de una incorrecta transposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

La modificación se refiere, al medio que debe utilizar el empresario para reembolsar el pago recibido del consumidor en caso de desistimiento, garantizando que éste no incurra en ningún gasto como consecuencia del desistimiento del contrato.

La Directiva 2011/83/UE en concreto, en su artículo 13 indica lo siguiente en su apartado primero:

Artículo 13 Obligaciones del comerciante en caso de desistimiento

1. El comerciante reembolsará todo pago recibido del consumidor, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor de conformidad con el artículo 11.

El comerciante deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.

Anteriormente se recogía lo siguiente en el texto refundido en su artículo 107.1 :

1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.

En caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en los que excedan de dicha cantidad.

Y finalmente la redacción dada para este nuevo apartado 1 del artículo 107 será la siguiente:

«1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106.

El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso

Como se puede apreciar, se ha introducido la literalidad del segundo párrafo de la Directiva 2011/83/UE en el artículo 107 pero en su defecto, ha desaparecido el derecho del consumidor a “reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en los que excedan de dicha cantidad”

De igual modo se ha modificado en dicho texto refundido, el artículo 66 bis apartado 3 que queda redactado como sigue:

“Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo”

Mientras que anteriormente se indicaba:

“3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo. En caso de retraso injustificado en cuanto a la devolución de las cantidades, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad.”

¿Qué sucede entonces con la posibilidad de exigir el pago del doble de la suma adeudada?

En el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el literal “pague el doble de la suma adeudada” se limitará al artículo 76 bis redactado para determinar los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos complementarios y al artículo 104 redactado para determinar el proceder en la falta de ejecución del contrato por no encontrarse disponible el bien o servicio contratado por parte del empresario.

OBJETO SOCIAL EN SOCIEDADES


A lo hora de constituir nuestra sociedad, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, es el objeto social que la misma va a contemplar. El objeto social, nos da la información de a qué actividades se va a dedicar nuestra sociedad.

Debemos ser concretos a la hora de redactar el Objeto Social.  No se permitirá expresiones como “la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio” ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado.

Hay quien decide incluir todo tipo de actividades como objeto social para su Sociedad, a pesar de que muy probablemente no llegue a desarrollar ni la mitad de las actividades que se recogen en sus estatutos. Esta práctica puede ser perjudicial, por ejemplo a la hora de solicitar ayudas y subvenciones o préstamos blandos. Entre las condiciones a optar a las mismas es posible que se excluya como beneficiario aquellas sociedades que realicen esta o aquella actividad recogida en su Objeto Social.

Por otro lado, no hay que confundir lo que se considera actividad de la sociedad, de lo que puede ser operaciones esporádicas y no relacionadas directamente con dicha actividad. De esta manera, que la Sociedad pueda llevar a cabo la compraventa de un inmueble para desarrollar su actividad, no quiere decir que la actividad de la Sociedad sea la compraventa de inmuebles.

De igual modo, el Objeto Social puede influir en nuestra denominación social, ya que podrá formar parte de dicha denominación alguna expresión que haga referencia a una actividad que esté incluida en el objeto social, teniendo en cuanta que en el caso de que se elimine dicha actividad del objeto puede afectar a la validez de la denominación.

No podrán incluirse en el Objeto Social los actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él.

Debemos también indicar que la redacción del Objeto Social es libre (teniendo en cuanta lo indicado hasta ahora) si bien hay supuestos donde puede estar condicionado. Es el caso de la constitución de sociedades telemáticas, más concretamente la Sociedad Limitada Nueva Empresa y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
En el caso de la primera, el artículo 436 de la Ley de Sociedades de Capital nos indica que su Objeto Social deberá ser alguna de las siguientes actividades que se transcribirán literalmente en los estatutos: agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial, turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales o de servicios en general.

Si bien también nos indica lo siguiente:

“Además, los socios fundadores podrán incluir en el objeto social cualquier actividad singular distinta de las anteriores. Si la inclusión de dicha actividad singular diera lugar a una calificación negativa del registrador mercantil de la escritura de constitución de la sociedad, no se paralizará su inscripción, que se practicará, sin la actividad singular en cuestión, siempre que los socios fundadores lo consientan expresamente en la propia escritura de constitución o con posterioridad.

En ningún caso podrán incluirse en el objeto social aquellas actividades para las cuales se exija forma de sociedad anónima ni aquellas cuyo ejercicio implique objeto único y exclusivo.”

En el caso de la segunda, será la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social, la que nos especifique que actividades puede formar parte del objeto social, en concreto los CNAEs que son aceptados para la tramitación de la sociedad por medios telemáticos.

MODIFICACIÓN 036


La Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo ha venido a modificar, entre otros modelos, el modelo 036.  Como se indica en la propia Orden se ha incluido en la Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, modelo 036, la opción y renuncia a la llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, en atención de la obligación de ciertas personas y entidades de comunicar a través de la referida declaración censal, en su caso, que el cumplimiento de la obligación de expedir factura se está realizando por los destinatarios de las operaciones o por terceros, debía de igual modo ser incluido en dicho modelo.

Cuando la presentación del modelo 036, tenga como objeto cualquiera de estas dos comunicaciones, su presentación será obligatoriamente por vía electrónica a través de internet. Con ocasión de esta modificación, se ha incorporado mejoras de carácter técnico, principalmente consistentes en la creación de un nuevo apartado de teléfonos y direcciones electrónicas

Al respecto, algunas de las novedades son las siguientes:

Nos encontramos con dos nuevas casillas, la casilla 142 con el literal “modificación de teléfonos y direcciones electrónicas” y  143, esta última con el literal “Comunicación de opción y renuncia a la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT”

Se introduce un nuevo apartado con el literal “Datos de teléfonos y direcciones electrónicas” con campos como teléfono, fijo nacional, móvil nacional, teléfono fijo extranjero, móvil extranjero, correo electrónico y domicilio o dirección de internet.

Este nuevo apartado, se repetirá a lo largo del modelo a la hora de dar la información pertinente.

Se incorpora en representantes un nuevo subapartado “Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)” desapareciendo el valor 12 de la causa de representación.

Se incluye una nueva casilla 740 “Comunicación de que el cumplimiento de la obligación de expedir factura se realiza por los destinatarios de las operaciones o por terceros” así mismo se incluye “Llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT” en el nuevo subapartado “Gestión de otras opciones” con la posibilidad o renuncia.

En la relación de socios, miembros o partícipes se incluye el literal “A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas” donde aparecerá una nueva casilla “Cuota o % de atribución”

A través de la indicada Orden, se ha actualizado otros modelos como el modelo 390, 303 o 322

Estas modificaciones sobre el modelo 036 y 037 han entrado en vigor el día 1 de junio de 2017.

Anteriormente, fueron actualizados los modelos 200 y 220 y antes que estos,  los modelos 202 y 222

 

DEFINIR EL DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL

A la hora de constituir una sociedad mercantil, puede surgir la duda de cuál debería ser su verdadero Domicilio Social y cuál su Domicilio Fiscal. En muchas ocasiones ambos coincidirán en la misma dirección, pero en ocasiones esto no es así.

Veamos que nos indica la normativa vigente al respecto para su correcta determinación.

Por un lado, encontramos el artículo 48.2 b) de la Ley General Tributaria:

“El domicilio fiscal será:

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.”

Por otro lado, el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital nos indica lo siguiente:

“1.Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.

“2.Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España.”

De esta manera, podemos indicar que el Domicilio Fiscal coincidirá con el Domicilio Social siempre y cuando en él se desarrolle la efectiva administración y dirección del negocio. Si por el contrario, el Domicilio Social elegido es donde radica el principal establecimiento o explotación y no la efectiva administración y dirección del negocio, encontramos ya la primera discrepancia entre domicilios ya que el Domicilio Fiscal seguirá siendo donde radique la efectiva administración y dirección del negocio.

Otra situación más complejo que daría lugar a discrepancias entre ambos domicilios, sería el supuesto recogido también en el mencionado artículo 48 de la Ley General Tributaria, es decir, en el supuesto de que se desconozca donde se centraliza la gestión administrativa y la dirección de los negocios. En este caso, el  Domicilio fiscal deberá ser donde radique el mayor valor del inmovilizado. Hay quien puede relacionar este mayor valor del inmovilizado con el domicilio de centro de actividad principal de la sociedad.

Por tanto, como puede comprobarse, el Domicilio Social no tiene porque coincidir con el Domicilio Fiscal.

 

 

AYUDA PARA EL FOMENTO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

En el día de ayer, se publicó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas para acogerse a esta subvención cuyo objetivo es estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos de utilidad así como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas entidades del  sector privado que han emprendido la búsqueda de mercados fuera de España y de Fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas físicas a través de patentes o de modelos de utilidad.

Podrán ser beneficiarios:

  • Para solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en el Exterior:
  1. Persona con domicilio en España.
  2. Persona física, pequeña o mediana empresa (PYME), gran empresa privada, Institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público.
  3. El solicitante debe haber realizado directamente o a través de un representante tercero la solicitud de patente y/o modelo de utilidad en el extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países, la vía europea a través de lo previsto en el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes siempre y cuando el derecho de prioridad unionista traiga causa de una solicitud de patente o modelo de utilidad presentada ante la OEPM, traiga causa de una solicitud internacional PCT presentada ante la OEPM, en calidad de Oficina Receptora o bien que se trate de dicha solicitud internacional PCT, o traiga causa de una solicitud de patente europea presentada en la OEPM o bien que se trate de dicha solicitud europea presentada en la OEPM. Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad Españoles.
  • Para solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en España:
  1. Persona con domicilio en España
  2. Persona física o pequeña o mediana empresa (PYME).
  3. Solicitud directamente o a través de una representante tercera alguna de las siguientes actividades: a) solicitud de un modelo de utilidad español. b) la solicitud y la realización del Informe de búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica (IET) para las solicitudes de patentes españolas. c) la solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud internacional PCT cuyo Informe de Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con anterioridad al Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).

La concesión de la subvención se realizará en concurrencia competitiva y ambas líneas serán compatibles entre ellas.

La formalización y presentación de solicitudes se tiene que realizar por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es) y el plazo de presentación de solicitudes es del 26 de abril al 25 de mayo de 2017.

Más información en la propia Resolución convocatoria firmada 2017