¿ BONIFICACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE FAMILIARES?

En relación a la reciente publicación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo hay un aspecto que genera cierta controversia, al menos a mi parecer. Se trata de la Disposición adicional séptima “Bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo”. Esta disposición nos indica en su párrafo primero que:

“La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, dará derecho a una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100 por 100 durante un período de 12 meses

Pues bien, de la simple lectura, parece que no hay dudas, es decir parece que cualquier autónomo podrá contratar con un contrato indefinido a familiares hasta el segundo grado y acceder a la bonificación descrita.

La duda surge en relación al artículo 12.1 TRLGSS que indica lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo”

Es decir en estos casos nos encontramos ante un autónomo colaborador que la propia Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo vuelve a retocar modificando la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

De igual modo la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, nos indica en su artículo 6.1 como exclusión a las bonificaciones:

“b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador autónomo que contrate como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores de treinta años, tanto si conviven o no con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.”

A esta última Ley se refiere la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en la mencionada Disposición adicional séptima en su último párrafo indicando:

“En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7, 6.1.b) y 6.2.”

Es decir parece que el legislador desea sustituir la aplicación del articulo 6.1.b) por la nueva Disposición adicional séptima ampliando los supuestos en los que es posible obtener bonificaciones en la contratatación por cuenta ajena de familiares más allá de los dos recogidos en aquel artículo.

¿Pero y por qué no derogar entonces el artículo 6.1 b)? Tal vez el legislador desea reservar ese artículo 6.1 b) para los supuestos de contrataciones llevados a cabo por autónomos individuales (y permitidas por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo) y la aplicación de la nueva “Bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo” para los contratos efectuados por los autónomos societarios.

Sin embargo, el problema sigue siendo la redacción dada. La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo…”. ¿Qué debemos entender por trabajador autónomo? ¿cualquier autónomo, tanto societario como individual?. Sorprendería la verdad, la aplicación de esta disposición a todos los autónomos. Corresponde esperar a la interpretación que de la misma lleve a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social que a día de hoy aun no ha resuelto.

 

 

 

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LEY DE REFORMA URGENTE DEL TRABAJO AUTÓNOMO

La nueva Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo  ha traído o traerán consigo modificaciones interesantes, algunas de ellas, se indican a continuación:

  • El reintegro de oficio por parte de Tesorería General de la Seguridad Social, en caso de pluriactivadad (compaginar el alta en el RETA junto con el alta en el Régimen General) del exceso producido en  las cotizaciones que superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Se modifica las condiciones de la llamada Tarifa plana. A partir de su entrada en vigor, los autónomos que se den de alta podrán disfrutar de 12 meses de dicha tarifa en vez de 6 meses establecidos anteriormente. Podrán disfrutarlo tanto aquellos autónomos que nunca se hayan dado de alta anteriormente como aquellos que ya lleven 2 años de sde su última baja (salvo que en aquella ocasión hubieran disfrutado de bonificaciones, en tal caso serán 3 años).
  • La cuota de autónomo se aplicará de forma proporcional al número de días de alta.
  • La base mínima de los autónomos con diez o más trabajadores contratados, así como la base de los autónomo encuadrados en el artículo 305.2, letras b) y e) del TRLGSS ( salvo el primer año de alta) se determinará por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • En cuanto a la bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, se amplía por cuidado de menores la edad, pasando de menores de 7 a  menores de 12 años.
  • En cuanto a la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores
    autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con
    fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
    lactancia natural, se elimina la mención a la necesidad de que los mismos sean sustituidos por un contrato de interinidad bonificados. Se incorpora de igual modo un artículo 38 bis para el supuesto de cese de actividad por los motivos indicados anteriormente. En el supuesto de que la persona que cesó la actividad, regrese a la misma antes de dos años, podrá gozar de bonificaciones en la cuota.
  • Se aclara la situación en torno a deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad.
  • Inclusión de  un nuevo supuesto de contrato laboral para el hijo mayor de 30 años del autónomo que cuente  con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.
  • En el apartado de cobertura de las contingencias profesionales, surge el accidente de trabajo in itinere, es decir también tendrán cobertura el accidente de trabajo sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional.
  • Amplía el colectivo de familiares que pueden beneficiarse de bonificaciones por la contratación de familiares del trabajador autónomo, contando con una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100% durante un
    período de 12 meses. ( Habrá que detenerse a detallar este punto en otro post)
  • La afiliación y hasta tres altas dentro de cada año natural tendrán efectos
    desde el día en que concurran en la persona de que se trate los requisitos y
    condiciones determinantes de su inclusión en el campo de aplicación de este
    régimen especial.
  • Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año la base por la que viniesen obligados a cotizar.
  • Nuevo régimen de recargos por ingreso fuera de plazo.
  • Obligación pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social.
  • En el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia a la par de la percepción de una pensión de jubilación contributiva, se incluye el supuesto de que si la actividad que se realiza por cuenta propia cuenta además con al menos un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 %.
  • La inclusión de la pareja de hecho dentro del colectivo que tienen acceso a las bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. ( puedes leer más aquí)

Por último, se recoge disposiciones adiciones llenas de buenas voluntades, tendentes a tratar algunos aspectos controvertidos a día de hoy, como estudio del concepto de habitualidad como requisito para el alta en el RETA o la posibilidad de una cotización a tiempo parcial del profesional. Es una pena que no hayan tenido ya respuesta en la presente LEY.

PAREJAS DE HECHO NO, PAREJAS DE HECHO SÍ

Las parejas de hecho, vuelven a estar de moda, así lo indica la nueva Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

En esta entrada ya se comentaba como el legislador había excluido a las parejas de hecho del artículo 35 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es decir lo excluía de las bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos mediante la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

Esta ley del 2015 derogaba de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,  la disposición adicional undécima que trataba dicha bonificación.

Dos años y pico más tarde, las parejas de hecho vuelven a gozar del beneplácito del legislador y lo hacen recuperando del cajón de los recuerdos el mismo artículo que había sido derogado. De esta manera, el artículo 35 Estatuto del Trabajo Autónomo queda de nuevo de la siguiente manera:

“El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por
adopción, que se incorporen al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre y cuando no hubieran estado
dados de alta en el mismo en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con
ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a
los de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar, a partir de la entrada en vigor de esta ley, tendrán derecho a una
bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta,
equivalente al 50 por ciento durante los primeros 18 meses y al 25 por ciento durante
los 6 meses siguientes, de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el
tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen
Especial, o Sistema Especial en su caso, de trabajo por cuenta propia que
corresponda.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se considerará pareja de hecho
la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no
hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con
otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de
empadronamiento, una convivencia estable y notoria y con una duración
ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se
acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de
residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha
pareja.”

 

 

 

 

 

EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

No es la primera vez que la Ley de Sociedades de Capital sufre una modificación en cuanto a cuál puede ser el órgano que asuma las competencias sobre el cambio de domicilio social. La Ley 9/2015, de 25 de mayo, introdujo una ampliación geografíca que facultaba al órgano de administración el cambio de domicilio social, del termino municipal al territorio nacional siempre y cuando no hubiera disposición contraria de los estatutos” . En tal caso, la facultad de acordar el cambio, recaería sobre la Junta General, encargada de aprobar cualquier modificación de los Estatutos.

Sin embargo, esta modificación generaba diversas interpretaciones a la hora de su aplicación sobre los Estatutos de las sociedades ya vigentes.

A modo de ejemplo, se suscitaba el debate sobre si habría que entender que en un Estatuto donde se había transcrito literalmente el contenido de la Ley a este respecto, es decir que el órgano de administración era competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal, ahora se podía comprender sin necesidad de modificación estatutaria que donde se decía término municipal ahora aceptábamos “territorio nacional”

El Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional ha querido dejar zanjado este debate un par de años después quedando redactado dicho artículo 285.2 de la siguiente manera:

“Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.”

Y por sí aún puede quedar dudas se acompaña de una disposición transitoria única:

“A los efectos previstos en el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en la redacción dada por este real decreto-ley, se entenderá que hay disposición
contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.”

 

USO DE MARCAS DE TERCEROS

El uso de marcas de terceros en un blog o en redes sociales es habitual hoy en día. Pero no siempre se realiza de la forma debida. Es inevitable hablar de otras marcas, eso es cierto. Las marcas están presentes en nuestras vidas, sin embargo a la hora de hacer uso de las mismas, se debe respectar los derechos que el o los titulares de las mismas poseen sobre dicha marca.

De esta manera, la Ley de Marcas nos indica que el titular posee el derecho de prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a su marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca fue registrada.

Misma situación cuando por ser idéntico o semejante, puede generar confusión en el público, incluyendo como supuesto de confusión aquel en el que público pueda pensar erróneamente que pertenece a la misma marca aunque distinga un producto de otro.

Por último, el titular también tendrá el derecho de prohibir sobre productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si ésta es considerada notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Pues bien, el titular de la marca sin embargo deberá “tolerar” el uso de su marca en ciertas ocasiones, como se recoge en el articulo 37 de la Ley. De esta manera, este artículo nos recuerda que:

“El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

  1. De su nombre y de su dirección;
  2. De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;
  3. De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.”

Por tanto, podremos referirnos a marcas de terceros, cuando por ejemplo vayamos a hablar sobre nuestra opinión del producto que hemos probado o cuando mencionamos la marca para hacer comprender a que productos puede ir destinado ciertos recambios en caso de los talleres ( sin olvidar que se debe tener especial cuidado a la hora de comercializar el producto o servicio, la manera en que se establece la diferencia entre esta marca y la marca o el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena).

No olvidemos la referencia del artículo a “practicas leales”, debemos entenderlo referido a actuar con buena fe. Conocemos que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que la actuación por parte del empresario no debe distorsionar o intentar distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio.