PROTECCIÓN DE DATOS, VULNERACIÓN DE DERECHOS

A falta de pan buena son tortas, esto es lo que se debe pensar al ver publicado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Y es que no habiéndose publicado aún la nueva Ley de Protección de Datos, el legislador ha trabajado este Real Decreto-Ley ante la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, desde el 25 de mayo de 2018.

En él, podemos encontrarnos tres capítulos, el primero de ellos versa sobre la identificación del personal competente para el ejercicio de los poderes de investigación que el Reglamento General de Protección de Datos otorga en su artículo 58.1 a las autoridades de control. El segundo de ellos regula el régimen sancionador establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 por la remisión a los que están establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 de dicho reglamento, lo que resulta de todo punto necesario

Por último y en el que me detendré, el capítulo III regula el procedimiento en caso de que exista una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos.

En concrero, a través de este procedimiento, el afectado podrá reclamar cuando no haya sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (Derecho de acceso, rectificación, supresión («el derecho al olvido»), Derecho a la limitación del tratamiento, Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento, Derecho a la portabilidad de los datos y Derecho de oposición).

El procedimiento se iniciará con la admisión a trámite, previa presentación de reclamación oportuna. Se advierte que la petición puede ser inadmitida y entre sus causas puede considerarse, la advertencia formulada por la Agencia al responsable o encargado de tratamiento siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que no se haya causado perjuicio al afectado.
  • Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.

La Agencia puede de igual modo, remitir la reclamación al propio responsable o encargado de tratamiento o, en caso de que existiera, al Delegado de Protección de Datos a fin de que dé respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses.

El plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.

De todos modos, con carácter previo, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, la Agencia examinará su competencia y determinará el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.

Admitida a trámite la reclamación, la Agencia podrá poner en marcha una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto en el artículo 11 de este Real Decreto-Ley. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad, y en consecuencia, el archivo de actuaciones. También se establece la posibilidad de suspender los trámites.

Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos

Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos indicados más arriba, la Agencia  también podrá acordar en cualquier momento, incluso antes del iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación

Para concluir, se recoge en la Disposición transitoria segunda, un aspecto interesante en relación a los Contratos de encargado del tratamiento. Indica al respecto que los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Si bien, las partes podrán exigirse a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Europeo.

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