DOMINIO, MARCA Y DENOMINACIÓN SOCIAL

TacklegalGeneralmente a la hora de iniciar una actividad, es fácil caer en el error de confundir Marca/nombre comercial, denominación social y dominio. No es la primera vez que he oído el comentario de si tienes un dominio, ¿para qué quieres una marca? o confundir marca registrada denominación social. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y se ha de tener protección para cada uno de ellos, antes de invertir en la imagen de la actividad. Como ya se avanzó en la entrada Marcas y Nombres comerciales debemos tener ciertos criterios a la hora de su registro, pero profundicemos un poco más.

En primer lugar, debemos diferenciar entre Nombre comercial y Marca. El primero de ellos, está destinado a identificar productos o servicios frente al resto. Es decir, cada producto o servicio que vayamos a ofrecer en el mercado, deberá estar identificado. Mientras que el Nombre comercial, va a identificar a una empresa, a distinguirla frente a las demás que puedan desarrollar actividades similares.

Por otro lado, la denominación social identifica en el tráfico jurídico a un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte.

Por último, los dominios, son nombres dados a las direcciones numéricas de IP para que resulte más fácil su diferenciación y localización en los buscadores.

Ahora bien, ¿Qué relación hay entre unos y otros?

Según la Ley de Marcas, entre los derechos que una marca o nombre comercial registrada posee, se encuentra poder prohibir usar la misma en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Es decir que si solicitas un dominio que se encuentra libre, si existe una marca previa, su titular podrá prohibirte su uso por mucho que el registro de dominio estuviera libre.

¿Y qué podemos decir sobre la relación entre Marca y Denominación social?

Pues mientras el articulo 9 d) nos indica que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

“El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”

La Disposición adicional decimocuarta indica que el Registro mercantil provincial deberá verificar si la denominación social de la persona jurídica coincide o puede originar confusión con alguna con una marca o nombre comercial renombrados:

“Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”

Es decir que a pesar de que el Registro mercantil central haya concedido una denominación social, una Marca ya existente puede impedir la inscripción.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se ha retirado el termino notorio, dejando solo la referencia a “renombrados”.

Recuerda el RD-Ley que:

“A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”

De forma similar también se pronuncia el Reglamento de Registro Mercantil cuando indica que no podrá inscribirse sociedad con denominación que aun cuando ésta no figure en el Registro Mercantil Central, al Registrador les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Literal que hay que interpretar en el mismo tenor que la Ley de Marcas:

“Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”

Por todo ello, es importante conocer todos estos los detalles antes de iniciar tu actividad y estar bien asesorado para evitar disgustos en el futuro y gastos indeseados.

Anuncios

AUTÓNOMOS Y LA TARIFA PLANA DE 60 EUROS

La llamada tárifa plana del autónomo individual ya nota los efectos del nuevo año 2019. Desde el 1 de enero, la tarifa plana de 50 euros pasa a ser realmente de 60 euros. Esto se debe a que a partir de este año los autónomos acogidos a esta tarifa, deben cotizar además obligatoriamente por contingencias profesionales, no así por cese de actividad ni por formación profesional (hay que recordar que los trabajadores autónomos económicamente dependientes ya tienen incluida obligatoriamente desde hace años dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Cuotas autonomo 2019

Esta medida afectará ya a los autónomos individuales que a fecha 31 de diciembre, vinieran beneficiandose de las bonificaciones y reducciones de la tarifa plana.

Esta nueva cuota comprenderá por tanto  las contingencias comunes como las contingencias profesionales. Siendo 51,50 euros los que corresponda a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.
Para aquellos trabajadores que a 31 de diciembre de 2018 contaran con la cobertura de la protección por cese de actividad, deberán ahora cotizar también obligatoriamente por Formación Profesional.
Los tipos de cotización serán los siguientes:
  • Contingencias comunes, el 28,30%.
  • Contingencias profesionales, el 0,9 por ciento, (0,46% contingencia de incapacidad temporal y el 0,44% a la de Incapacidad permanente, muerte y supervivencia).
  • Cese de actividad, el 0,7 %.
  • Formación profesional, el 0,1 %.

La obligación de cotizar por contingencias profesionales, se recoge de igual modo en el artículo 316  del texto refundido de la seguridad social, que donde antes indicaba el caracter de voluntario, ahora se indica lo siguiente:

“La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se
llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya
formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las
mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.”

Igual situación para el caso de cese de actividad, que anteriormente solía ser voluntario, como así nos lo recordaba el literal del artículo 327:

“El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario…”

Siendo ahora modificado, quedando el autonomo obligado a acogerse a ello de acuerdo al mencionado artículo 327 apartado primero:

“El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de
la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y
tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad
Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones
y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una
actividad económica o profesional a título lucrativo.

El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta
la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial
en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en
el artículo 331.”

 

DEROGACIÓN DE LA LOPD 15/1999

O más bien, la entrada en vigor de la nueva “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”. Publicada en el día de ayer en el BOE, entra en vigor hoy, lo que ha supuesto la derogación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (salvo algunos preceptos como por ejemplo de los artículos 22, 23 y 24). Por tanto, se va dando un poco más de luz al ya, desde mayo, nuevo escenario en esta materia.

Esta ley, cubre la necesidad de complementar al RGPD, aunque como viene siendo habitual, su publicación llega con cierto retraso.

Vamos a recordar algunos contenidos recogidos en esta nueva Ley:

  1. Consentimiento en el tratamiento de datos:  será necesario una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el titular acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando el objetivo sea recabar el consentimiento  para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas y no habrá consentimiento para finalidades que no guarden relación con la relación contractual.
  2. Datos de personas fallecidas: a pesar de que su tratamiento está excluido del ámbito de aplicación de la ley, podrá ser llevada a cabo por los herederos , el ejerciendo los derechos de acceso, rectificación o supresión, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido.
  3. Menor de edad: Se mantiene que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se estable también, que en plazo de un año, se elabore un proyecto de ley dirigido a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías
  4. Delegado de Protección de Datos: Se estable un listado de supuestos en los que será necesario designación de un DPO, completando lo indicado en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. También se menciona la posibilidad de demostrarse la cualificación de esta figura, entre otros, a través de mecanismos voluntarios de certificación.
  5. Garantía de los derechos digitales: Bajo el titulo X, encontramos derechos como el derecho a la Derecho a la neutralidad de Internet. (servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos), Derecho de acceso universal a Internet, el Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales y a la desconexión digital en el ámbito laboral, el Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, así como ante la utilización de sistemas de geolocalización. Otros derechos mencionados también son el conocido Derecho al olvido en búsquedas de Internet, o  en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, así como el de Derecho a portabilidad de los datos. También se indica que el Gobierno pretende elaborar un plan de acceso a internet que garantice el acceso a colectivos vulnerables, así como impulsar espacio de conexión de acceso público.
  6. Practicas agresiva: las prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales o actuar, sin designación expresa del responsable o el encargado, como DPO, se considerarán prácticas agresivas.
  7. Contratos: En cuanto a los contratos de encargado del tratamiento, firmados con anterioridad al 25 de mayo de 2018 se mantendrán vigentes hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
  8. Régimen Electoral: Se añade un nuevo artículo a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que permitirá a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales, utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral y el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes, no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. Eso sí, se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»
  9. Empresarios individuales: Existirá intereses legítimos y por tanto licitud de tratamiento, en el tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales cumpliendo las premisas oportunas.
  10. Tratamiento especiales de datos: Un último punto a destacar y que creo que dará que hablar, es que la Ley indica que a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado NO bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

PROTECCIÓN DE DATOS, VULNERACIÓN DE DERECHOS

A falta de pan buena son tortas, esto es lo que se debe pensar al ver publicado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Y es que no habiéndose publicado aún la nueva Ley de Protección de Datos, el legislador ha trabajado este Real Decreto-Ley ante la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, desde el 25 de mayo de 2018.

En él, podemos encontrarnos tres capítulos, el primero de ellos versa sobre la identificación del personal competente para el ejercicio de los poderes de investigación que el Reglamento General de Protección de Datos otorga en su artículo 58.1 a las autoridades de control. El segundo de ellos regula el régimen sancionador establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 por la remisión a los que están establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 de dicho reglamento, lo que resulta de todo punto necesario

Por último y en el que me detendré, el capítulo III regula el procedimiento en caso de que exista una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos.

En concrero, a través de este procedimiento, el afectado podrá reclamar cuando no haya sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (Derecho de acceso, rectificación, supresión («el derecho al olvido»), Derecho a la limitación del tratamiento, Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento, Derecho a la portabilidad de los datos y Derecho de oposición).

El procedimiento se iniciará con la admisión a trámite, previa presentación de reclamación oportuna. Se advierte que la petición puede ser inadmitida y entre sus causas puede considerarse, la advertencia formulada por la Agencia al responsable o encargado de tratamiento siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que no se haya causado perjuicio al afectado.
  • Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.

La Agencia puede de igual modo, remitir la reclamación al propio responsable o encargado de tratamiento o, en caso de que existiera, al Delegado de Protección de Datos a fin de que dé respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses.

El plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.

De todos modos, con carácter previo, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, la Agencia examinará su competencia y determinará el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.

Admitida a trámite la reclamación, la Agencia podrá poner en marcha una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto en el artículo 11 de este Real Decreto-Ley. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad, y en consecuencia, el archivo de actuaciones. También se establece la posibilidad de suspender los trámites.

Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos

Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos indicados más arriba, la Agencia  también podrá acordar en cualquier momento, incluso antes del iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación

Para concluir, se recoge en la Disposición transitoria segunda, un aspecto interesante en relación a los Contratos de encargado del tratamiento. Indica al respecto que los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Si bien, las partes podrán exigirse a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Europeo.