BONIFICACIÓN POR MATERNIDAD PARA AUTÓNOMAS

Existe un nuevo criterio por parte de la TGSS, para los supuestos de trabajadoras autónomas que se encuentren dentro del criterio del artículo 38 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomos. Este artículo que ha sufrido varias modificaciones adaptándolo a las actuales circunstancias de los autónomos (La Ley 6/2017, de Reforma Urgentes del Trabajo Autónomo, Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre o la Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo) ha sido recientemente, como se indicaba,  objeto de nueva interpretación.

Hay que recordar que en dicho artículo se recoge, para el caso de las trabajadoras autónomas, que:

 “….habiendo cesado su actividad por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud de la cual su cuota por contingencias comunes y contingencias profesionales quedará fijada en la cuantía de 60 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con carácter general en el régimen especial que corresponda por razón de la actividad por cuenta propia…”

“…optasen por una base de cotización superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, podrán aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 por ciento sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento…”

La puntualización se realiza en esta ocasión sobre el término “habiendo cesado su actividad…”. Desde el pasado 21 de marzo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social establece un nuevo criterio. Ahora para poder beneficiarse de la bonificación, debe entenderse que concurre en estos dos supuestos:

  • Tanto si la trabajadora autónoma, tras disfrutar del descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela, haya decidido no reanudar la actividad laboral y, por tanto, solicitar la baja en el régimen especial.
  • Como si la trabajadora autónoma, tras disfrutar del correspondiente descanso por alguna de dichas causas, haya optado, sin solución de continuidad, por reanudar la actividad laboral (de aplicación desde el 1 de enero de 2019).

En aquellos supuestos en que la trabajadora autónoma no haya percibido subsidio de maternidad deberá en todo caso solicitar ante la TGSS la aplicación de la bonificación de mujer reincorporada.

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DOMINIO, MARCA Y DENOMINACIÓN SOCIAL

TacklegalGeneralmente a la hora de iniciar una actividad, es fácil caer en el error de confundir Marca/nombre comercial, denominación social y dominio. No es la primera vez que he oído el comentario de si tienes un dominio, ¿para qué quieres una marca? o confundir marca registrada denominación social. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y se ha de tener protección para cada uno de ellos, antes de invertir en la imagen de la actividad. Como ya se avanzó en la entrada Marcas y Nombres comerciales debemos tener ciertos criterios a la hora de su registro, pero profundicemos un poco más.

En primer lugar, debemos diferenciar entre Nombre comercial y Marca. El primero de ellos, está destinado a identificar productos o servicios frente al resto. Es decir, cada producto o servicio que vayamos a ofrecer en el mercado, deberá estar identificado. Mientras que el Nombre comercial, va a identificar a una empresa, a distinguirla frente a las demás que puedan desarrollar actividades similares.

Por otro lado, la denominación social identifica en el tráfico jurídico a un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte.

Por último, los dominios, son nombres dados a las direcciones numéricas de IP para que resulte más fácil su diferenciación y localización en los buscadores.

Ahora bien, ¿Qué relación hay entre unos y otros?

Según la Ley de Marcas, entre los derechos que una marca o nombre comercial registrada posee, se encuentra poder prohibir usar la misma en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Es decir que si solicitas un dominio que se encuentra libre, si existe una marca previa, su titular podrá prohibirte su uso por mucho que el registro de dominio estuviera libre.

¿Y qué podemos decir sobre la relación entre Marca y Denominación social?

Pues mientras el articulo 9 d) nos indica que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

“El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”

La Disposición adicional decimocuarta indica que el Registro mercantil provincial deberá verificar si la denominación social de la persona jurídica coincide o puede originar confusión con alguna con una marca o nombre comercial renombrados:

“Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”

Es decir que a pesar de que el Registro mercantil central haya concedido una denominación social, una Marca ya existente puede impedir la inscripción.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se ha retirado el termino notorio, dejando solo la referencia a “renombrados”.

Recuerda el RD-Ley que:

“A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”

De forma similar también se pronuncia el Reglamento de Registro Mercantil cuando indica que no podrá inscribirse sociedad con denominación que aun cuando ésta no figure en el Registro Mercantil Central, al Registrador les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Literal que hay que interpretar en el mismo tenor que la Ley de Marcas:

“Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”

Por todo ello, es importante conocer todos estos los detalles antes de iniciar tu actividad y estar bien asesorado para evitar disgustos en el futuro y gastos indeseados.

AUTÓNOMOS Y LA TARIFA PLANA DE 60 EUROS

La llamada tárifa plana del autónomo individual ya nota los efectos del nuevo año 2019. Desde el 1 de enero, la tarifa plana de 50 euros pasa a ser realmente de 60 euros. Esto se debe a que a partir de este año los autónomos acogidos a esta tarifa, deben cotizar además obligatoriamente por contingencias profesionales, no así por cese de actividad ni por formación profesional (hay que recordar que los trabajadores autónomos económicamente dependientes ya tienen incluida obligatoriamente desde hace años dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Cuotas autonomo 2019

Esta medida afectará ya a los autónomos individuales que a fecha 31 de diciembre, vinieran beneficiandose de las bonificaciones y reducciones de la tarifa plana.

Esta nueva cuota comprenderá por tanto  las contingencias comunes como las contingencias profesionales. Siendo 51,50 euros los que corresponda a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.
Para aquellos trabajadores que a 31 de diciembre de 2018 contaran con la cobertura de la protección por cese de actividad, deberán ahora cotizar también obligatoriamente por Formación Profesional.
Los tipos de cotización serán los siguientes:
  • Contingencias comunes, el 28,30%.
  • Contingencias profesionales, el 0,9 por ciento, (0,46% contingencia de incapacidad temporal y el 0,44% a la de Incapacidad permanente, muerte y supervivencia).
  • Cese de actividad, el 0,7 %.
  • Formación profesional, el 0,1 %.

La obligación de cotizar por contingencias profesionales, se recoge de igual modo en el artículo 316  del texto refundido de la seguridad social, que donde antes indicaba el caracter de voluntario, ahora se indica lo siguiente:

“La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se
llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya
formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las
mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.”

Igual situación para el caso de cese de actividad, que anteriormente solía ser voluntario, como así nos lo recordaba el literal del artículo 327:

“El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario…”

Siendo ahora modificado, quedando el autonomo obligado a acogerse a ello de acuerdo al mencionado artículo 327 apartado primero:

“El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de
la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y
tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad
Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones
y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una
actividad económica o profesional a título lucrativo.

El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta
la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial
en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en
el artículo 331.”

 

DEROGACIÓN DE LA LOPD 15/1999

O más bien, la entrada en vigor de la nueva “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”. Publicada en el día de ayer en el BOE, entra en vigor hoy, lo que ha supuesto la derogación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (salvo algunos preceptos como por ejemplo de los artículos 22, 23 y 24). Por tanto, se va dando un poco más de luz al ya, desde mayo, nuevo escenario en esta materia.

Esta ley, cubre la necesidad de complementar al RGPD, aunque como viene siendo habitual, su publicación llega con cierto retraso.

Vamos a recordar algunos contenidos recogidos en esta nueva Ley:

  1. Consentimiento en el tratamiento de datos:  será necesario una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el titular acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando el objetivo sea recabar el consentimiento  para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas y no habrá consentimiento para finalidades que no guarden relación con la relación contractual.
  2. Datos de personas fallecidas: a pesar de que su tratamiento está excluido del ámbito de aplicación de la ley, podrá ser llevada a cabo por los herederos , el ejerciendo los derechos de acceso, rectificación o supresión, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido.
  3. Menor de edad: Se mantiene que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se estable también, que en plazo de un año, se elabore un proyecto de ley dirigido a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías
  4. Delegado de Protección de Datos: Se estable un listado de supuestos en los que será necesario designación de un DPO, completando lo indicado en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. También se menciona la posibilidad de demostrarse la cualificación de esta figura, entre otros, a través de mecanismos voluntarios de certificación.
  5. Garantía de los derechos digitales: Bajo el titulo X, encontramos derechos como el derecho a la Derecho a la neutralidad de Internet. (servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos), Derecho de acceso universal a Internet, el Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales y a la desconexión digital en el ámbito laboral, el Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, así como ante la utilización de sistemas de geolocalización. Otros derechos mencionados también son el conocido Derecho al olvido en búsquedas de Internet, o  en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, así como el de Derecho a portabilidad de los datos. También se indica que el Gobierno pretende elaborar un plan de acceso a internet que garantice el acceso a colectivos vulnerables, así como impulsar espacio de conexión de acceso público.
  6. Practicas agresiva: las prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales o actuar, sin designación expresa del responsable o el encargado, como DPO, se considerarán prácticas agresivas.
  7. Contratos: En cuanto a los contratos de encargado del tratamiento, firmados con anterioridad al 25 de mayo de 2018 se mantendrán vigentes hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el Reglamento.
  8. Régimen Electoral: Se añade un nuevo artículo a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que permitirá a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales, utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral y el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes, no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. Eso sí, se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»
  9. Empresarios individuales: Existirá intereses legítimos y por tanto licitud de tratamiento, en el tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales cumpliendo las premisas oportunas.
  10. Tratamiento especiales de datos: Un último punto a destacar y que creo que dará que hablar, es que la Ley indica que a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado NO bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.